por Memorial Hispanidad 
La tragedia del ARA San Juan (S-42) ocurrió el 15 de noviembre de 2017, cuando la Armada Argentina perdió contacto con el submarino a las 7:30 a. m. (hora local) en aguas del mar argentino. A bordo viajaban 38 tripulantes y 6 buzos tácticos. Más de un año después, el 17 de noviembre de 2018, una empresa privada localizó la nave a 907 metros de profundidad, cerca del punto donde desapareció y en la ubicación que se había estimado. La desaparición y la búsqueda del submarino estuvieron rodeadas de controversias, incluyendo sospechas de irregularidades, negligencias, contradicciones en los informes, disputas internas y tensiones con los familiares de la tripulación.
La noticia se difundió públicamente en la noche del 16 de noviembre, aunque la Armada Argentina la confirmó oficialmente dos días después mediante un comunicado donde se anunció el inicio del protocolo SAR (búsqueda y rescate).
Tres días después del incidente, el gobierno argentino informó a través de Twitter que aceptaría ayuda internacional, lo que permitió la llegada de equipos especializados en búsqueda y rescate. La Oficina Internacional para el Rescate y Escape de Submarinos (Ismerlo) emitió una alerta, movilizando a 18 países que, junto con Argentina, desplegaron más de 37 naves y aeronaves, así como 4,000 personas para rastrear un área de 482,507 km², equivalente a la superficie de España.
El 23 de noviembre, la Armada Argentina comunicó que registros hidrosónicos del CTBTO y el SOSUS habían detectado, el 15 de noviembre a las 10:31, un “evento anómalo singular corto violento y no nuclear consistente con una explosión” en la zona donde desapareció el submarino. Se sugirió que el ARA San Juan pudo haberse hundido tras una implosión en el talud continental, cuya profundidad varía entre 200 y 3,000 metros. La hipótesis de un ataque fue descartada.
Si bien ni el gobierno ni la Armada confirmaron de inmediato el destino del submarino y su tripulación, los familiares, al salir de una reunión informativa, asumieron la muerte de sus seres queridos. El 25 de noviembre, la diputada oficialista Elisa Carrió declaró en televisión: “tengo que decirlo, están muertos”. Días después, el 30 de noviembre, el gobierno concluyó que no había posibilidades de hallar sobrevivientes y suspendió la búsqueda de tripulantes, aunque no decretó duelo nacional hasta que se obtuviera una imagen del submarino en el lecho marino.
Las familias de los tripulantes denunciaron la falta de mantenimiento del submarino, la desinformación oficial y el abandono de las labores de rescate. El 4 de diciembre, cuando un periodista preguntó al ministro de Defensa, Óscar Aguad, si los tripulantes estaban muertos, este respondió: “exactamente”.
Tras la detección de la señal anómala, la búsqueda se concentró en un área de 4,000 km², frente al golfo San Jorge, con profundidades que oscilaban entre los 200 y los 1,500 metros.
Finalmente, el 18 de julio de 2019, la Comisión Bicameral Investigadora presentó su informe final sobre la desaparición del ARA San Juan. Todos los legisladores coincidieron en sus conclusiones generales, aunque hubo diferencias en la asignación de responsabilidades. El informe mayoritario, respaldado por la oposición, atribuyó una “clara responsabilidad política y administrativa” al gobierno de Mauricio Macri, en particular al ministro de Defensa, Óscar Aguad, y su equipo, tanto en el manejo operativo y presupuestario como en la ocultación de información y el trato a los familiares. En contraste, el dictamen minoritario, defendido por el oficialismo, no halló responsabilidades en los funcionarios políticos.
Asimismo, el informe descartó que la reparación de media vida del submarino hubiera causado el siniestro o que la nave hubiera sido atacada o colisionada por otra embarcación
